A principios de los 2000 controlaban varias regiones de Colombia, eran el cartel narco más poderoso y secuestraban miles de personas.
Gracias a los ingresos por la venta de drogas pudieron acceder a un financiamiento con el que ni siquiera soñaron otras guerrillas importantes, como el M-19, el Ejército Popular de Liberación, la Corriente de Renovación Socialista o el propio Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún hoy sigue plenamente operativa.
Las Farc siempre han tenido una relación de amor y odio con las drogas. Aman el dinero que produce, fondos que les permitieron sobrevivir e incluso amenazar con derrocar al Estado a finales de los años noventa. Odian la corrupción y el estigma del narcotráfico que también han llegado al movimiento guerrillero.
Sin embargo, hay una falta de claridad sobre la naturaleza exacta de la relación entre los guerrilleros y el tráfico de drogas. Por más de una década, las FARC a menudo han sido descritas como “narcoterroristas” en los comunicados difundidos desde el Ministerio de Defensa, pero los guerrilleros niegan enfáticamente ser narcotraficantes.
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